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Estado peruano omitió llevar a cabo un debido proceso de Consulta previaConacami 26/03/12.- Las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad quienes plantearon una Medida Cautelar para suspender el proyecto Conga, este fin de semana en Washington, sustentaron con argumentos contundentes que el Estado peruano violó los derechos de los pueblos indígenas de Cajamarca.
En la reunión de trabajo concedida a las organizaciones indígenas, en la 144° periodo de sesiones, Magdiel Carrion presidente de CONACAMI, Gladis Vila de ONAMIAP y Milton Sánchez de la Plataforma Interinstitucional Celendina, demostraron que sí hay presencia de las Fuerzas Armadas en territorios comunales, continúa la persecución y criminalización a los líderes indígenas.
Se ha alterado la paz social, se han colocado tranqueras en las vías de comunicación entre Celendín y Bambamarca y se encuentran tomadas por la empresa con apoyo de las Fuerzas del Orden, se ha restringido el acceso a las lagunas y fuentes de agua a las comunidades y existe acoso por parte de la Empresa y/o el Estado a los comuneros, la empresa esta operenado en la zona.
El diálogo no se ha restablecido, no hay ninguna mesa de diálogo con las comunidades afectadas, el presidente del Concejo de Ministros Oscar Valdez ha impuesto los términos de referencia de un Peritaje Internacional que servirá solo para que dé recomendaciones para mejorar el EIA del proyecto.
De los 19 heridos producto de la violenta represión ordenada por el Gobierno el pasado 29 de noviembre, varios de ellos se debaten entre la vida y la muerte, como Elmer Campos quien está postrado en estado parapléjico; sin que se haya ordenado investigación para determinar el responsable de este atentado contra la vida, la integridad física y los derechos humanos.
A pesar que el Convenio 169 está vigente en el Perú desde 1995, el Estado no ha cumplido con consultar y obtener el consentimiento de las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca para autorizar la exploración y operación del mega proyecto Conga, que depositará relaves tóxicos en las lagunas ubicadas en cabeceras de cuenca.
Si bien, el Estado mediante la Resolución Ministerial Nª 026-2010 MINAM, promueve el ordenamiento territorial; al mismo tiempo se contradice al tramitar un proceso de inconstitucionalidad sobre una norma regional que legitima ese ordenamiento de zonificación económica y ecológica, declara la intangibilidad de las cabeceras de Cuenca, y protege la vida y subsistencia de sus comunidades.
La ley la Consulta que fue resaltado como un logro por el Estado, en la práctica está en etapa de demanda de modificatoria cuyo reglamento fue elaborado sin tomar en cuenta los aportes de los pueblos y mal utilizando a dos organizaciones, aún así al final entregaron 29 puntos sin consensuar.
Pedidos de las organizacionesLa delegación peruana de indígenas peticionó que una Comisión Especial integrada por miembros de la CIDH viste el lugar del proyecto Conga en Cajamarca; así mismo solicitaron que la Comisión que requiera al Estado peruano suspenda el proyecto Conga por causales de nulidad de pleno derecho.
Otra petición fue que el Estado levante la persecución judicial y criminalización, a los líderes sociales, de rondas y campesinos comprendidos en la investigación fiscal por defender sus lagunas.
Posición de los funcionarios del EstadoMientras que el Ministro de Justicia, Juan Jiménez según nota publicada en el portal estatal Andina, aseguró que el proyecto Conga “ha tenido una amplia participación de la comunidad en una serie de reuniones convocadas por la empresa” lo cual demuestra que hay incumplimiento por parte del Estado, ya que las consultas las debe implementar el Estado y no la Empresa.
Para variar ante la CIDH, el Viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra recalcó su desconocimiento de los sujetos de derecho a la consulta, dijo que “que no sabía que en Cajamarca habían pueblos indígenas” hasta que supieron de la medida cautelar.
La delegación indígena llevó pruebas fotográficas, videos y audios que fueron presentados a los Comisionados, además acompañaron Raquel Yrigoyen y Zulma Villa, asesoras legales del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad –IIDS.
NotaCabe señalar que recientemente las rondas de la comunidad de Huasmin intervinieron a varios trabajadores de una ONG, vinculada a la empresa Yanacocha concesionaria del proyecto Conga, porque intentaban convencerlos de la conveniencia del proyecto.
En otro momento, las rondas de Celendín incautaron un cargamento de cocinas y balones de gas que habrían sido destinadas a las comunidades del área de influencia del proyecto Conga, impulsadas desde el Ministerio de Energía y Minas.
Finalmente, el Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Oscar Valdés, anunció que ésta semana será aprobado el reglamento de la Ley de Consulta Previa, sin haber contestado la demanda del Pacto de Unidad cuyo plazo razonable de 30 días otorgado al Estado, se venció el pasado 20 de marzo.
Raquel Irigoyen, Zulma Villa, Milton Sánchez, Gladis Vila y Magdiel Carrión
(Delegacíón Indígena en Washington)
Área de Comunicaciones
CONACAMI PERÚ
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