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Servindi, 13 de junio, 2013.- A pocos días del reinicio de las protestas contra el emblemático proyecto Conga y en medio de una gran conflictividad socio ambiental en el país, el Congreso aprobó una medida que permite a policías y militares matar o lesionar a civiles sin responsabilidad penal.
La polémica norma, aprobada ayer por el Congreso, exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú cuando cause lesiones o muerte en el “cumplimiento de su deber” y en uso de sus armas u otro medio de defensa, informó la prensa del Congreso de la República.
La medida modifica el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal (sobre el uso de armas u otro medio de defensa). Fue presentada por la bancadas fujimorista y de Gana Perú y fue dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El Congreso aprobó la modificación con el voto favorable de 77 congresistas y un voto en contra. Fue exonerada de una segunda votación, por lo que quedó lista para su promulgación.
De acuerdo a la congresista Marisol Pérez Tello, la norma busca dar a los miembros de los institutos armados y policiales mecanismos que puedan utilizar en legítima defensa propia y de terceros.
Asimismo, según sus promotores, la medida es parte de un paquete de propuestas que tienen como fin combatir el crimen y la inseguridad ciudadana.
La propuesta aprobada por el Congreso se suma a una lista de medidas que desde el Gobiernos anteriores han venido endureciendo la intervención de la policía y el ejército en los conflictos socio ambientales entre comunidades indígenas y empresas extractivas.
Parte de esas medidas fue un paquete de cuatro decretos legislativos que emitió el Gobierno de Alan García en 2010.
Uno de ellos, el D.L. 1095 ha sido severamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, pues consideran que posibilita el uso excesivo de la fuerza en casos de protesta social y conflictos.
Este decreto, aún vigente, es cuestionado por ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas más allá del estado de emergencia, cuando sea sobrepasada la capacidad de la policía de mantener el orden, sin dar criterios específicos de regulación de la norma.
Asimismo, se considera que en la práctica el decreto hace legítimo el enfrentamiento de militares con la población civil en protestas sociales.
Al amparo de esa norma han muerto 24 civiles en conflictos socio ambientales durante el año 2012, en el Gobierno de Ollanta Humala.
Otro cuestionado decreto del mismo grupo fue el D.L. 1097 que eximía de responsabilidad a militares y policías procesados por violación de derechos humanos, basándose en el vencimiento del plazo formal. Sin embargo, el mencionado decreto fue derogado por el Congreso en septiembre de 2010.
Asimismo, a inicios de año se promulgó la Ley 29986 que permite a personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú el levantamiento de cadáveres de sus miembros y de civiles sin la presencia del fiscal, previo conocimiento del Ministerio Público.
En casos excepcionales, la norma faculta a que se prescinda la comunicación y se dé cuenta del levantamiento dentro de las 24 horas, más el termino de la distancia.
Tras la promulgación de la mencionada ley, la Fiscalía expresó su rechazo por el temor de que se genere impunidad en casos de abuso de autoridad y dudas sobre un operativo policial o militar.
Además, consideró que se estaría afectando las funcione del Ministerio Público en la investigación del delito.