Descripción

Día D. Bases se reúnen el 16 de agosto para evaluar solicitud de encarcelar 10 años a alcalde y dirigentes que presidieron protestas contra las actividades de minera Xstrata Tintaya.
José Víctor Salcedo.
Cusco.

Las aguas empezaron a agitarse en Espinar después de conocerse la solicitud de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, que planteó diez años de cárcel para el alcalde Óscar Mollohuanca, los dirigentes Herbert Huamán Llave y Sergio Huamaní, y otras cinco personas.

A los acusados se les atribuye los presuntos delitos de atentado contra la seguridad, disturbios, apología del delito, etc. en las protestas de mayo de 2012 contra la minera Xstrata Copper.

Huamán Llave, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de esa provincia (Fudie), consideró la acusación fiscal como "una persecución judicial y venganza” orquestada del gobierno. “Es un abuso de parte de las autoridades de turno”, cuestionó el dirigente. Refirió que el 16 de agosto habrá una asamblea popular en la que se tomarán acuerdos. No descartan medidas de fuerza.

Por su parte, el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, envió una carta al presidente regional de Cusco, Jorge Acurio, y ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Les demanda que exijan al Poder Judicial que el caso retorne a la Corte Superior de Justicia de Cusco. Desde el inicio de la investigación, el proceso se ventila en la Corte de Ica por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, debido a que en el momento de la denuncia no había garantías para los magistrados a cargo de la investigación.

Mollohuanca consideró que mantener la competencia del caso en Ica afectará el derecho a la defensa de los acusados. “La imposibilidad de ejercer nuestro derecho a la defensa se dio en etapa de investigación y se repetirá en la audiencia de control del proceso y en la etapa de juicio oral”.

Sostuvo que solo así se garantizará que los ciudadanos acusados puedan ejercer sus derechos en “el marco de la constitución y el Estado de Derecho”.

EFECTOS DE ACUSACIÓN

La acusación de la fiscal de Ica, María Ana Ley Tokumori, también podría entorpecer la marcha de la Mesa de Diálogo, instalada hace un año en Espinar para resolver el conflicto minero que enfrenta a esa población con Xstrata.

Huamán sostuvo que ante “este nuevo escenario” hay voces que piden que las organizaciones sociales no suscriban las conclusiones del informe de monitoreo ambiental y abandonen las conversaciones.

Al respecto, en su carta al ministro del Ambiente, Mollohuanca también hace notar los efectos de la acusación en el proceso de diálogo. “Dialogan los representantes del Gobierno con representantes legítimos de la sociedad espinarense y no con delincuentes como ahora se les quiere hacer ver, criminalizándolos por defender derechos como a un ambiente saludable”.

ALGO MÁS...

De igual forma el alcalde y la dirigencia de Espinar cuestionaron el recorte del canon minero. Según Herbert Huamán, sumados todos esos factores, pueden activar las protestas en esa provincia.

De la misma forma responsabilizó al alcalde Mollohuanca y las autoridades distritales por la incapacidad de gasto presupuestal demostrada, porque “no supieron invertir y ejecutar los proyectos aprobados”.