Descripción

Presidente de la Región Apurímac y de la comisión de minería artesanal de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).
Rocío Maldonado

Elías Segovia sostiene que de no modificar la normatividad se mantendrá la actual situación en la minería informal que beneficia a las mafias. Rechaza críticas de ministro del Ambiente a las regiones por supuesta incapacidad de fiscalizar a la minería ilegal.

La semana pasada mineros informales de varias regiones bloquearon carreteras para exigir la derogación de normas que establecían el procedimiento de formalización de su actividad.

¿Cree que el gobierno fue débil por ceder a reclamos?

Primero se debe reconocer que la actividad minera artesanal no ha podido formalizarse no por falta de voluntad, sino porque la normatividad no lo permite. Pone obstáculos. Por ejemplo, se exige como requisito indispensable el contrato de la explotación minera que los titulares de las concesiones tienen que entregar a las asociaciones de mineros. Y eso no está ocurriendo.

¿Ese es el principal problema?

Sí porque en ese escenario se pedía que el 5 de setiembre se concluya el proceso de formalización y en el Perú no se ha formalizado ni el 10% de los mineros artesanales.

En el caso de Apurímac, ¿cuántos mineros se han formalizado?

De 45 asociaciones no se ha formalizado ninguna.Y con la misma normatividad, por más que amplíe el plazo a 5 años, no se logrará absolutamente nada.

Entonces respalda que se hayan aplazado las acciones de interdicción que inicialmente se iniciarían el 5 de setiembre...

Sí porque la PCM ha recogido propuesta de los mineros y de la ANGR, que hemos pedido acondicionar la normatividad de mejor manera. Por eso se ha instalado comisiones de trabajo con el propósito de reformular las condiciones para la formalización de los mineros. El plazo para este trabajo se vence el 5 de abril del 2014. Luego de ello ya podemos hablar de plazos para la formalización.

Y mientras tanto se seguirá contaminando y destruyendo el medio ambiente...

Lo primero que queremos transmitir es la diferencia entre el minero comunero campesinos y los mineros traficantes que vienen de otro lugar. También diferenciar la gran minería que invierte en exploración y explotación de los traficantes de las concesiones. En ese marco estamos trabajando y obviamente se tienen que poner condiciones medioambientales.

¿En el diálogo con el Ejecutivo estuvo el ministro Manuel Pulgar Vidal?

No estuvo, pero sí un representante del Minam.

Se lo pregunto porque el ministro fue muy crítico con los gobiernos regionales respectoa su labor de fiscalizar la minería ilegal. Los responsabilizó por la inclusión de mafias en las listas de mineros que buscan formalizarse...

El DL 1105 contempla que cualquier vecino del pueblo con solo una declaración jurada puede ser considerado minero artesanal. En ese marco me pregunto qué facultad tiene la región. Ninguna porque la normatividad está mal concebida.

El ministro habla de recentralizar la fiscalización..

Reitero que el comunero campesino tiene que ser respetado porque él respeta la gran inversión minera, si no fuese así no hubiese dado autorización para la exploración. El ministro tiene que conocer más el Perú y no juzgar desde Lima.

Dice que se tiene que ser más enérgico.

Se cree que con interdicción se puede enfrentar el problema, pero es un tema de normatividad. Por ejemplo, ningún minero artesanal paga impuestos porque la Sunat no se instala en la zona. Ahora quieren hacer interdicción de abajo para arriba y nosotros hemos pedido de arriba para abajo. Los mineros son presa de acopiadores que tranforman el metal para exportar. Por qué no se ataca a exportadores o acopiadores.

Pero suspender la interdicción favorece la minería ilegal...

Son más de 500 mil mineros informales y más de 2 millones de habitantes involucrados en la actividad. Se habría podido desatar un polvorín si se mantenían los plazos previstos. La formalización es parte de un trabajo articulado.

¿Usted concuerda con que la actividad artesanal debe ser formalizada por el bien del país?

Claro que apoyamos, pero insisto en que la normatividad actual no lo permite. Solo en Apurímac con 7,800 mineros se saca al día US$ 4 millones. Ninguno de ellos paga impuestos y son extorsionados. Calcule el impacto que tendría en el canon.