Descripción

Pareciera que la Amazonía estaría inmersa en un ritmo acelerado hacia su propia destrucción ambiental, sin que parte de los loretanos se den por enterados. Menos las autoridades de turno. Criterio obtenido luego de observar las imágenes satelitales tomadas en la zona de Tamshiyacu donde una empresa privada viene deforestando unas 100 hectáreas de bosques primarios al mes para luego sembrar cacao y la dañina palma aceitera.

Sobre el tema se dialogó con José Manuyama, vocero del comité de defensa del agua.

“Estamos preocupados porque hay un pedido para hacer lo mismo con más de 100 mil hectáreas que serán destinadas a la siembra de la palma aceitera con la mascarada de la siembra del cacao. Hace pocos años el IIAP sacó un informe donde expresaba técnicamente los impactos que generaría esa siembra y la incompatibilidad de siembra de palma aceitera en los bosques primarios, bosques muy bien parados.

Lo más grave en Tamshiyacu es que ya están deforestando, las imágenes recientemente captadas son trágicas, es trágico ver una zona tan fértil, tan vasta ahora pelada de árboles. Están arrasando los árboles para proceder a la siembra, además de la contaminación directa del agua porque utilizarán pesticidas, agroquímicos en general.

Es inaceptable que esto esté pasando “en las narices” de las autoridades, donde incluso se habla que gente allegada al Consejo Regional de Loreto son accionistas de la empresa que viene generando todo este daño ambiental sin que la fiscalía del medio ambiente haga algo. Les denuncia a un personaje público por presunto daño ecológico al quemar llantas, a otro poblador por quemar parte de su parcela, pero no se preocupa en denunciar el tremendo “golpe” ambiental que le están asestando a la Amazonía con la deforestación de 100 hectáreas de bosques primarios al mes, eso es indignante.

Todo esto será denunciado en la Cumbre Regional en defensa del medio ambiente a realizarse el 25 de setiembre 2013, luego se sacará un pronunciamiento contundente al respecto. Esta cumbre puede convertirse en un instrumento jurídico para salvaguardar a la Amazonía, eso lo hacemos como sociedad civil pero Defensoría del Pueblo también tiene que hacer su trabajo, así como la fiscalía porque lo que están haciendo es un delito ambiental”, concluyó.