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Achuares la acusaron de promover división y enfrentamiento entre nativos.

Servindi, 1 de octubre, 2013.- Dirigentes del pueblo Achuar esperan que el Poder Judicial emita un fallo condenatorio en la denuncia por tentativa de genocidio presentada contra la empresa petrolera Talismán.

Así lo expresó Péas Péas Ayui, presidente de la Federación Nacional Achuar del Perú
(FENAP) quién detalló que la denuncia se presentó ante la Fiscalía de la Nación en el año 2009 y se ha vencido el plazo de ley para que la justicia emita un fallo.

El caso se encuentra en el tercer Juzgado Penal de la Sala Penal Nacional y la denuncia responsabiliza a la empresa Talismán de promover un enfrentamiento entre nativos.

Ello ocurrió cuando aproximadamente 130 comuneros achuares, de las cuencas de los ríos Huituyacu, Manchari y Huasaga, se trasladaron al campamento de Talismán, en Setuchi central, una quebrada afluente del río Morona, para exigir el retiro de la empresa.

Talisman, de origen canadiense, se negó al diálogo. Y peor aún, decidió trasladar en helicópteros a comuneros Achuar y Wampis afiliados a la Federación Achuar del Morona (Fasam), organización allegada a la empresa.
Tal decisión estuvo muy cerca de desatar un brutal enfrentamiento entre ambos grupos, lo cual felizmente no ocurrió.

La acusación es por el delito de genocidio en tentativa a la comunidad y pobladores nativos del pueblo Achuar del distrito de Andoas, provincia de Datem de Marañon, región Loreto.

El pueblo de Achuar se encuentra dentro del área del denominado lote 64, que fue otorgado inicialmente a Occidental Petroleum, quien lo transfirió en el 2004 a Talismán de Canadá.
La acción divisionista promovida por la empresa canadiense logró que 8 de las 50 comunidades achuar suscribieran acuerdos con Talismán a cambio de elevados incentivos económicos, según informó la organización Amazon Watch.

La acción temeraria e imprudente de Talismán llevó a que el sector de indígenas financiado por la petrolera se enfrente incluso con armas de fuego a los que se oponen a la actividad petrolera denunció el sacerdote misionero salesiano Diego Clavijo.