Descripción

- Comisión Especial Permanente de los Pueblos Awajún y Wampís y organismos de la sociedad civil denunciaron contaminación por metales pesados a raíz de operaciones exploratorias.
Servindi, 13 de agosto, 2014.-

Representantes de los pueblos originarios Awajún y Wampís, de los departamentos Amazonas y Loreto, presentaron una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para detener las operaciones que realizan en sus territorios las empresas Pacific Rubiales y Maurel Et Prom, de Francia y Canadá, respetivamente.

Los representantes indígenas informaron sobre esta acción en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Lima el martes 12 de agosto y que contó con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Ellos exigieron la paralización de los trabajos de exploración petrolera que se desarrollan en el lote 116.
Wrays Pérez, representante de la Comisión Especial Permanente de los Pueblos Awajún y Wampís, criticó que el Gobierno “no haya aplicado la Ley de Consulta Previa en las 73 comunidades nativas que viven en la zona de impacto del proyecto petrolero”.
Recordó así que para un estudio de impacto ambiental que se hizo sólo se consultaron a tres comunidades.

Wrays Pérez enseña el mapa de la zona de impacto del proyecto que abarca, principalmente, la provincia de Condorcanqui (Amazonas) y un sector de Datem del Marañon (Loreto).

Richard O’Diana, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) aseguró que la acción de amparo busca reafirmar que la consulta previa no es un trámite sino un derecho y que el Convenio 169 de la OIT respalda desde 1995 a las comunidades indígenas.

La acción de amparo presentada pide la nulidad del Decreto Supremo 066-2006-EM, que otorga licencia para explorar y explotar el lote 116 y la Resolución Directoral 238-2011-MEM AAE, que aprueba el EIA del cuestionado proyecto. “Sólo se está pidiendo que se cumpla con la ley”, recalcó.

Explicó además que existe evidencia de que se han cometido delitos contra la salud, la territorialidad y la identidad cultural de los nativos, por los efectos nocivos del proyecto.

Ananías Shawit, de la Federación Indígena Shawi, alertó que “la fase de operación ya empezó a dejar pasivos medioambientales. Hay animales, útiles para la caza, que empiezan a dejar su hábitat por la contaminación de los ríos, así como nativos enfermos” por la misma razón.

“Existen algunas comunidades que han recibido dinero por parte de las dos empresas para obtener su respaldo, pero a fin de cuentas terminan siendo estafadas al recibir un aproximado de 2,000 nuevos soles cada una, a cambio de entregar sus tierras por décadas”, agregó Shawit.

Zebelio Kayap, de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), afirmó por su parte que las comunidades awajún y wampís sí quieren desarrollo, pero acorde a su modo de vida y buen vivir.

Agregó que ahora mismo hay división en su propio pueblo generada por las empresas, pero apuestan ante todo por la unidad y el diálogo para alcanzar un debido proceso de consulta.

La CNDDHH, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el CAAAP informaron que acompañarán la demanda de amparo exigiendo que se respete el derecho de consulta de los pueblos indígenas.

La Coordinadora es un colectivo de 81 instituciones de todo el Perú que trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.