Descripción

Contrasentido. Decisión de organismo gubernamental olvida compromiso de sus directivos de buscar mejores condiciones para el desarrollo de esta industria en el país. De paso afecta a Petroperú.
Carlos Bessombes B.

A inicios del gobierno, la política energética parecía tener un rumbo fijo, salvaguardando el interés nacional antes que el privado, sin embargo, hoy tres años y medio después, el gobierno optó mediante Decreto Supremo ampliar contratos petroleros cuando en un inicio se habían planteado licitaciones.

Vale mirar algunos antecedentes. En febrero de 2012, Perupetro (la agencia estatal promotora de la inversión en el sector) decidió mediante acuerdo de directorio licitar todos aquellos lotes cuyos contratos estaban por expirar, con la finalidad de lograr mejores condiciones que no solo revierta la declinante producción de petróleo sino fortalezcan las arcas del fisco.

Aurelio Ochoa, ex titular de la agencia estatal, recuerda que esta propuesta venía desde el gobierno aprista con Daniel Saba al frente de Perupetro y fijaba siempre una licitación pública internacional y nunca una extensión de contratos, además de incluir a la estatal Petroperú como socio minoritario, que podría ingresar hasta con un máximo de 49% y un mínimo de 25%.

Solo unos meses después (diciembre 2012) Luis Ortigas, hasta ese momento viceministro de Energía, asumió la presidencia del directorio de Perupetro y entre las novedades que trajo su gestión se optó por cambiar los acuerdos de directorios previos (hasta hoy desconocidos por la opinión pública y en los que se detalla los sustentos técnicos y económicos de la decisión) y se anuncia que un grupo de lotes ubicados en el noroeste serán prorrogados a sus mismos concesionarios y Petroperú puede optar por ingresar asociado con un mínimo de 25%.

A la fecha, el único argumento que se ha dado desde Perupetro es que si se realizaba concurso la producción de crudo descendería.

Situación actual

Los primeros lotes iban a ser licitados de manera anticipada en el 2012 debido a que su situación contractual culminaba en el presente quinquenio era los III y IV (operados en ese momento por Interoil), los lotes VII y VI (Sapet), el lote II (Monterrico) y el lote IX (Unipetro), todos ellos ubicados en Talara, así como el lote 1AB (hoy 192) en la selva peruana operado por Pluspetrol.

En el 2013, el contrato del lote de estudio IX, operado por la Universidad de Ingeniería, fue prorrogado por dos años, marcando así el inicio de la política de Perupetro, pues en ese mismo año decidió, mediante acuerdo de directorio, prorrogar contratos en los lotes III/IV, VII/VI, II y el lote XV.

En medio de una candente polémica en el verano del 2014 los contratos de los lotes III y IV fueron ampliados un año más a Interoil, empresa que hace poco se retiró del país sin pagar al Estado por un año usufructuado de los lotes.

En la primera quincena de diciembre último, ambos lotes fueron licitados por separado, con un solo postor en carrera, siendo Graña y Montero el nuevo dueño por 30 años. Petroperú tiene por responder (desde la entrega de buena pro corren 90 días) si aceptará la alianza.

Para el caso de los lotes VII y VI, así como el lote XV (Monterrico), se ha decidido mediante Decreto Supremo modificar los contratos de licencia y así extender a los actuales operadores la explotación de hidrocarburos hasta 30 años. Igualmente se deja a potestad de Petroperú si participará asociado minoritariamente.

El DS lleva la firma del Presidente de la República, Ollanta Humala, así como del ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, y del titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.

Al respecto, Juan Castillo More, presidente de la Coalición de Sindicatos de Trabajadores de Petroperú, consideró que no existe coherencia en la política petrolera del país pues en algunos casos se amplían contratos pero en otros se sacan nuevas licitaciones.

"Lo curioso es que todos esos contratos son similares. Es como si se estuviera trabajando de acuerdo al pedido del cliente porque una prórroga es una adjudicación a dedo", advirtió el dirigente petrolero, quien recomienda que el tema sea investigado en el Congreso.