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Empresas petroleras siguen funcionando sin importarles la salud y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas e infringiendo las leyes decretadas por el Gobierno. Una vez que el Estado peruano declaró la situación de emergencia sanitaria a nivel nacional, la actividad productiva, el libre transito, y el trabajo de las personas se vieron inevitablemente paralizados por la situación de aislamiento, siendo aquello legislado mediante respectivos Decretos de Urgencia (D.U.).

En la región Loreto, es la empresa petrolera Perenco la que continúa desarrollando sus actividades pese a la prohibición del Gobierno de movilizarse por la pandemia del coronavirus. Sus trabajadores tienen que transitar en barcas y se apoyan en la empresa Transur, de transporte fluvial. Así lo indicó el presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO, Jorge Pérez Rubio.

Aproximadamente 14 comunidades en los alrededores del río Napo están preocupadas por la movilización constante de personas cerca a sus viviendas. Incluso se han detectado a personas provenientes de Ecuador llegan por el río a sus comunidades, sin los instrumentos de prevención necesarias a pesar de que el Gobierno dispuso el cierre de fronteras.

También la empresa Petrotal que opera en el lote 95 sigue operando. Según el presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO, Jorge Pérez Rubio, manifestó que la ruta que siguen los trabajadores de esta compañía transcurre por el distrito de Puinahua, en la provincia de Requena. Las comunidades nativas Urarinas, Jorge Chávez, Manco Cápac y San Pedro (ambas zonas) están en riesgo.

A esto hay que sumarles que las autoridades municipales no están ejecutando la creación de un registro de infractores del estado de emergencia.

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