Descripción

La Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba formuló acusación contra 14 miembros de la Policía Nacional del Perú (entre ellos 2 Coroneles), quienes aprovechando su condición de efectivos policiales causaron graves sufrimientos físicos y mentales a 28 campesinos con el objeto de castigarlos por su participación en la marcha de sacrificio pacífica que realizaron los integrantes de diferentes comunidades campesinas de Piura y Cajamarca que serían afectadas por el desarrollo del proyecto minero Río Blanco en las provincias de Huancabamba y Ayabaca.

En efecto, como se recordará, entre los días 1 y 3 de agosto del 2005, 28 campesinos fueron torturados por quienes los mantenía cautivos, entre los que se encontraban efectivos de la policía nacional, funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A. y de la empresa de seguridad privada Forza, por lo cual, a la fecha existen dos investigaciones penales, una seguida contra dos coroneles y otros doce miembros de la Policía Nacional del Perú, respecto de la cual se ha formulado la acusación a la que se hace referencia en la presente nota de prensa y, otra a punto de que termine la etapa de investigación preliminar seguida contra dos generales y más de trescientos sub-oficiales de la misma policía, así como contra funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A. y Forza. En esta última investigación también se encuentra imputados dos médicos por haber expedido certificados médicos falsos.

La denuncia contra los efectivos policiales ahora acusados fue presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, encargándose ésta última, además, del patrocinio legal de las víctimas en esta denuncia.

Es así como el viernes 4 del presente mes se ha tomado conocimiento que con fecha 27 de marzo de 2012, la antes citada Fiscalía Provincial, después de una investigación preliminar y preparatoria que ha durado casi tres años presentó acusación fiscal, contra dichos efectivos policiales, por la comisión del delito contra la Humanidad, en la modalidad de tortura, en agravio de 28 campesinos que se encontraban privados de su libertad en las instalaciones del campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes llamada Majaz S.A.), por lo cual solicita se les imponga 10 años de pena privativa de la libertad a cada uno de los acusados y se ordene el pago de S/. 10,000.00, por concepto de reparación, a cada uno de los 28 campesinos agraviados.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), considera que la Acusación aquí difundida constituye un gran paso en la lucha contra la impunidad en las violaciones de derechos humanos y contra los crímenes de lesa humanidad y se reafirma en la necesidad de que se haga justicia a las víctimas en este caso y se las repare de forma integral, así como se denuncie, investigue y sanciones a todos los que han tenido responsabilidad en esta brutal agresión a los citados campesinos que no hicieron otra cosa que defender su derecho a la tierra, a vivir en un medio ambiente sano y sostenible, así como a elegir, legítimamente, su modelos de desarrollo local.

FEDEPAZ expresa su satisfacción por el hecho de las víctimas y sus familiares continúen firmes en el camino de obtener la sanción penal justa contra todos aquellos (policías, funcionarios y trabajadores de la empresa minera y de seguridad, etc.), que de una u otra forma, son responsables en los graves crímenes que cometieron en su contra (la tortura, reiteramos, es un delito de lesa humanidad).

Finalmente, FEDEPAZ se reitera en la necesidad de mejorar, de manera impostergable, los marcos normativos del sector minería en el sentido de que se establezcan condiciones adecuadas para que las empresas se vean realmente obligadas a respetar los derechos de las personas y especialmente de los pueblos indígenas. Igualmente, en la necesidad de revisar todo el conjunto de normas que criminalizan la libre expresión y la legítima protesta social que, entre otros, es un compromiso asumido por el estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 25 de octubre de 2011, durante la Audiencia sobre la política de derechos humanos del nuevo gobierno. Por ello, exige a las autoridades concernidas a aprobar, sin más dilación, las normas que garanticen el respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país.