Descripción

Delegados de diferentes comunidades pertenecientes al pueblo Quechua de la cuenca del río Pastaza, acordaron dar un plazo de 40 días para que el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) informe acerca de los avances en la implementación del Acta del Pastaza.

Fue durante la asamblea de la Federación Indígena Quechua del Pastaza, FEDIQUEP, la cual se desarrolló en la comunidad de Santa María de Manchari, el último fin de semana. Los asistentes a la asamblea reconocieron el valor y la importancia que tiene el Acta del Pastaza, la cual consideran como un hito fundamental en la lucha por el reconocimiento de sus derechos y la búsqueda del desarrollo del pueblo Quechua.

Asimismo, los delegados de las diferentes comunidades, resaltaron la importancia de la participación de FEDIQUEP en el Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte – PUINAMUDT, el cual ha permitido la confluencia de las problemáticas y propuestas de las cuencas afectadas por la explotación petrolera que se realiza en esa zona de la región Loreto desde hace más de 40 años.

En ese sentido, respaldaron el pedido de PUINAMUDT para que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el grupo parlamentario encargado de investigar la situación de las cuencas afectadas por la explotación de hidrocarburos visiten las zonas más impactadas para que verifiquen in situ los daños ocasionados al medio ambiente y la propia salud de la población.

De otro lado, los dirigentes comunales luego de escuchar los informes de las comunidades de Andoas, Los Jardines, Alianza Topal, entre otras, rechazaron la forma como la empresa Pluspetrol viene tratando de sorprender a los comuneros al pretender que la entrega de cuadernos y la facilitación de vuelos en avión se considere como pago o compensación por los impactos generados en la cuenca producto de la explotación petrolera.

Por ello, pidieron a FEDIQUEP que haga las denuncias necesarias ante la PCM y el Congreso de la República y se inicien las acciones legales correspondientes para declarar la nulidad de aquellos convenios que la empresa pretende imponer a las comunidades.

También plantearon la necesidad de que la empresa Pluspetrol reconozca el derecho a una compensación por el uso de sus tierras, la cual debe ser producto de un proceso de negociación en el que participe la federación y sus asesores técnicos.

Asimismo, demandaron a las autoridades correspondientes que no permitan que los daños causados al medio ambiente y la salud de la población no queden impunes, por lo que deben iniciarse las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables por esos hechos.

Otro de los acuerdos asumidos por la asamblea fue que en vista que el contrato de concesión de Pluspetrol vence en el año 2014, antes de otorgarse una nueva concesión debe realizarse una auditoría ambiental independiente que permita conocer la real situación de los impactos y si es que el ecosistema puede soportar que continúe realizándose actividades extractivas.