Descripción

GRAVE. Defensor del Pueblo cuestiona respuesta de instituciones frente al fenómeno que genera otros delitos como trata de personas.
Frank García
Piura

En la guerra contra la minería ilegal, el Estado emitió un conjunto de decretos y reglamentos que no resultaron suficientes para detener el devastador avance de este fenómeno en vista que las instituciones públicas encargadas de hacerle frente carecen de recursos.

Esta es una de las principales conclusiones del informe Nº 160 elaborado por la Defensoría del Pueblo, donde se señala que las entidades con mayores carencias son el Ministerio Público, Policía, Ministerio de Defensa, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, entre otros.

El informe evalúa la gestión del Estado frente a la minería informal e ilegal en el Perú, así como la implementación de los decretos legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815 (ley que permite al Ejecutivo legislar sobre minería).

El texto fue presentado ayer por el defensor del Pueblo (e) Eduardo Vega Luna, quien sostuvo que es clave identificar la responsabilidad o complicidad de algunas autoridades del Estado que por años permitieron la proliferación de la actividad ilegal hasta llegar a un punto de una auténtica devastación.

En la región Piura, agregó, este panorama de atentado contra la ecología va acompañado a escenarios de violencia como los que se viven en Suyo, donde la actividad ilegal e informal ha generado la aparición de otros delitos como el narcotráfico, contrabando y sicariato.

“En el informe lo que vemos es que las actividades vinculadas a la minería informal traen delincuencia, trata de personas y contrabando. En Suyo, según me informa la Policía, circula armamento que no existe en otras zonas del país, lo que hace que hasta los problemas menores se resuelven con un grado de violencia extrema”, explicó.

Con ello, el funcionario se refirió al hallazgo de una pistola ametralladora Uzi de Guerra de 9 mm en poder de uno de los sospechosos del crimen de los esposos ocurrido el pasado miércoles en la localidad de Suyo.

MÁS POLICÍAS

Ante el déficit de policías en la zona, el jefe policial de Piura, coronel PNP Máximo Vargas Hugo, informó que se incrementará de 22 a 30 el número de efectivos en la comisaría local. Respecto al crimen de los esposos, indicó que el móvil sería un conflicto de tierras.

De otro lado, en la cita también participó la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, Sofía Milla, quien expresó su preocupación por el peligro que corren sus fiscales en este convulsionado distrito.

“Los fiscales que trabajan allí tienen un grave riesgo de su vida y seguridad. Hemos solicitado (garantías) de forma permanente y ahora le hemos invocado al jefe policial. Hemos incrementado la seguridad en el local sólo con dos vigilantes privados”, sostuvo la fiscal.

DEMANDA

De acuerdo al informe, la formalización auspiciada por el Estado tiene como falla que nace por un acuerdo de voluntades entre las partes (minero informal y gobierno), cuando se debería fortalecer la intervención del gobierno.

Asimismo se propone gestionar la creación de una ventanilla única para agilizar los trámites de la formalización porque involucra a varias entidades.

Otra falencia, dice el informe, es la falta de reglamentos para el registro de usuarios de sustancias como el mercurio, cianuro de potasio y cianuro de sodio.

CLAVE

Combustible. De otro lado, Vega Luna demandó a la Policía una lucha frontal contra el contrabando de combustible proveniente del Ecuador porque también es una materia prima para la minería. Agregó que la formalización se debe realizar en paralelo con las actividades de interdicción de la Fiscalía y Policía.